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Estrategias

El cambio de la Educación –un cambio responsable, desde luego- va de la mano de cinco estrategias fundamentales: la legal, por la vía de la descentralización, la desconcentración y la rendición de cuentas; la pedagógica, sujeta a una profesionalización diferente del magisterio y a un currículo abierto y flexible; la mental, que supone un pensamiento social de tipo democrático, centrado en el ser humano, en la eficiencia y la equidad; la organizacional, con métodos de participación social asumidos por la ciudadanía, que refuercen la democracia, en un contexto cultural dado; y la financiera-presupuestaria (0.5 del PIB anual) ligada a un proyecto nacional consistente de mejoramiento de la calidad de vida, de largo plazo, con evaluaciones periódicas de desempeño docente, junto a políticas de salud, empleo, cultura y seguridad.

Un punto de partida

Planificar el cambio de la educación –desde el propio Estado- resulta una tarea compleja porque precisamente la educación actúa como agente “reproductor” del sistema que supuestamente se reforma. La razón es simple: desde el punto de vista sociológico la educación reproduce los valores sociales.

Pero hay un aspecto relevante: la norma constitucional vigente (2008) no ha recogido la demanda social y ha establecido la descentralización solamente para la infraestructura escolar, en tanto la Constitución derogada (1998) regulaba la descentralización pedagógica y administrativa. En este sentido ha habido un retroceso.

Sin embargo, esta demanda social por una educación de calidad con equidad –no solo de la fiscal sino de todo el sistema- tiene que expresarse en las leyes conexas.

Los gobiernos locales

Esto es posible solamente a través de redes o sistemas organizativos, donde los controles estén próximos a los servicios educativos. El gobierno local –y sus organismos representativos-, conjuntamente con la comunidad organizada constituyen los ejes del sistema de rendición de cuentas.

La razón es muy simple: las escuelas y colegios públicos, generalmente se hallan dentro de las comunidades; por lo tanto, esta relación inmediata permite a todos los ciudadanos y ciudadanas a ejercer sus derechos de participación real en la acción educativa –y no meramente a ser informados- como desean algunos que quieren mantener el status quo.

Es la sociedad organizada la que, como parte del mismo Estado, ejerce el poder para administrarse a sí mismo, definir todos los componentes del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y realizar los controles respectivos, para que los recursos provenientes del Estado se inviertan con transparencia, eficiencia y oportunidad.

En este contexto, los gobiernos locales tienen un papel trascendental, sobre todo aquellos que tienen las condiciones y han demostrado en la práctica capacidad de gestión para administrar proyectos sociales, con financiamiento público.

En todo caso es importante que los ciudadanos creen veedurías para vigilar la educación pública, en todos los niveles de escolaridad.

Viabilidad

• Es urgente construir una voluntad política, sobre la base de una propuesta coherente y consensuada con los principales actores, que articule los mecanismos de descentralización, desconcentración, participación, planificación, autonomía y evaluación de todo el proceso.
• La experiencia más próxima es la del Municipio Metropolitano de Quito. También el proyecto de educación popular integral “Fe y Alegría”, y el programa “Aprendamos”, del Municipio de Guayaquil.

¿Se pueden superar los mitos políticos?

Existen algunos mitos sobre la descentralización. Quienes desean mantener la situación como está arguyen:

- La descentralización equivale a la privatización. Falso: se trata de transferir competencias, capacidades y recursos del Estado a los gobiernos locales o a organismos de la comunidad, para que realicen un control social sobre el proceso educativo y presupuestario. Nadie quitará al Estado su deber de financiar la educación pública y gratuita.
- Los padres no están preparados. Hay que prepararlos y organizarlos, de conformidad con programas exitosos como ‘Escuela para Padres’.
- Muy pocos municipios están en condiciones de asumir la educación. Cierto, pero dejemos que los Municipios y los alcaldes que sí quieren gobernar la educación pública, lo hagan con las debidas garantías. El Distrito Metropolitano de Quito tiene una educación pública de alta calidad.
- En Chile ha fracasado la descentralización hacia los municipios. Existen experiencias buenas, regulares y malas. La centralización no es la panacea de la calidad.
- La centralización es funcional a la organización gremial. Por lo tanto, la UNE perdería poder. El objetivo de la descentralización no es acabar con el gremio, sino mejorar la calidad de los aprendizajes, con control social.
- Los docentes irán a la desocupación si son evaluados. Nadie debe temer si el sistema de rendición no está “contaminado” por la política. Al contrario, la evaluación de desempeño es un factor de mejoramiento.
- En las escuelas unidocentes los padres no participan. Pero la comunidad sí. Es importante promover la comunicación y la sensibilización de los padres y madres de familia.
- La nueva Constitución (2008) no la contempla. Las demandas sociales superan a las leyes cuando los líderes buscan intereses partidistas y no las necesidades de aprendizaje de millones de niños y niñas.

http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=235895&id_seccion=160

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